22 de julio, 2020 11:06
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Continuamos este miércoles enredado con la voz de Lucía Alonso, integrante de La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, con motivo de la adhesión al protocolo nacional para la atención integral de las personas con derecho a una interrumpción legal del embarazo, por parte de la Legislatura Porteña. Desde el año pasado el Ministerio de Salud estableció este protocolo nacional, que marca las pautas de cómo proceder en garantizar el derecho de interrumpir el embarazo para aquellas personas gestantes que lo deseen. Este es el protocolo al cual se adhirió la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lucía nos explica cuál es la diferencia entre este protocolo y el proyecto de ley que la Campaña viene sistemáticamente presentando y construyendo colectivamente desde hace 15 años. Este último aborda la necesidad de la educación sexual integral, el acceso a anticonceptivos tanto femeninos como masculinos, la importancia de no criminalizar ni penar a ninguna persona gestante ni profesional de la salud por hacer un aborto, entre otras cosas. Leer más
Continuamos este miércoles enredado con la voz de Lucía Alonso, integrante de La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, con motivo de la adhesión al protocolo nacional para la atención integral de las personas con derecho a una interrumpción legal del embarazo, por parte de la Legislatura Porteña. Desde el año pasado el Ministerio de Salud estableció este protocolo nacional, que marca las pautas de cómo proceder en garantizar el derecho de interrumpir el embarazo para aquellas personas gestantes que lo deseen. Este es el protocolo al cual se adhirió la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lucía nos explica cuál es la diferencia entre este protocolo y el proyecto de ley que la Campaña viene sistemáticamente presentando y construyendo colectivamente desde hace 15 años. Este último aborda la necesidad de la educación sexual integral, el acceso a anticonceptivos tanto femeninos como masculinos, la importancia de no criminalizar ni penar a ninguna persona gestante ni profesional de la salud por hacer un aborto, entre otras cosas.